AUTOR: AP
FUENTE: El Universal
FECHA: 26 de mayo de 2016
Washington.- Los expertos que hasta el mes pasado ayudaron a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a congresistas estadounidenses seguir de cerca el manejo que le den al caso las autoridades mexicanas.
El español Carlos Martín Beristáin, uno de los especialistas, invitó a un grupo de legisladores demócratas a apoyar el mecanismo de seguimiento al caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) gestiona actualmente, después de que el Estado mexicano se negara a extender el mandato de los expertos más allá del 30 de abril pasado.
«Es importante que ustedes señalen puntos clave de apoyo al mecanismo de seguimiento de la CIDH para que no tenga poca capacidad de acción», dijo Beristáin durante una presentación que ofreció junto a sus colegas en la Cámara Baja a cuatro congresistas demócratas. «Para que el mecanismo de seguimiento funcione, el Estado [mexicano] tiene que mostrar voluntad de superar los obstáculos puestos a nuestro trabajo. Si no, será mucho menos eficaz», advirtió.
Hoja de ruta. Los expertos cerraron sus 14 meses de trabajo con la divulgación de una hoja de ruta de 20 puntos para la fiscalía en la que, entre otras cosas, piden que cambie la tesis oficial de los hechos de que los normalistas fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula, pese a que dos peritajes diferentes aseguran que no hay evidencias científicas que sostengan esa versión.
Otra de las expertas, la ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, expresó que «nuestra salida [de México] fue por falta de voluntad política. Entonces, es fundamental la comunidad internacional para monitorear otras líneas de investigación y la protección a las familias», indicó.
Los congresistas demócratas Jim McGovern y Alan Lowenthal, quienes en 2015 pidieron junto a otros 79 congresistas al secretario de Estado John Kerry presionar a México para el esclarecimiento del caso, expresaron que «la única conclusión que uno puede obtener del reporte es que el sistema mexicano de justicia, más allá de estos 43 casos, necesita una reforma integral».